(*) Carlos Daniel Rossi.
Se tratara de exponer una serie de axiomas propuestos por el pensamiento nacional. Haciendo hincapié en las ideas de Scalabrini Ortiz, relacionando las mismas con la Constitución de 1949, dando preferencia a los cinco principios de colaboración interna, desarrollados por él.
El pensamiento nacional se proyectó jurídicamente en la Constitución Nacional de 1949, no sólo en el artículo 40, donde se prescriben determinadas soluciones para evitar la fuga de divisas, como ser: nacionalización de los servicios públicos, nacionalización del comercio exterior, de los yacimientos minerales, de las caídas de agua, del sistema financiero y del seguro; sino también en la forma de entender la función social de la propiedad, consagrada por la C.N 1949, en sus arts. 38 y 39, donde se establecen los siguientes criterios: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común” (art. 38 1er Parr.). “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino (art. 39).
Con Perón y la Constitución de 1949 se cristaliza el pensamiento de FORJA. En el Preámbulo de la Constitución Nacional, se habla específicamente de “promover el bienestar general y la cultura nacional”; “ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”
FORJA (1935), es el primer paso para la conformación del pensamiento nacional, y su punto de partida es el ideario de Manuel Ugarte (1901). Hacia 1935 FORJA, enarbola las banderas del movimiento nacional, al plantear que “la restauración argentina, solo podrá cumplirse sobre la base de la soberanía popular, la emancipación económica y el imperio de la justicia social …”, estas tres banderas, todo sabemos, aún siguen vivas en la mente y el corazón de muchos argentinos.
La normativa constitucional de 1949, se interpretará a la luz de los principios de colaboración interna, expuestos por Scalabrini Ortiz[1]: quien en Noviembre de 1948, realiza una disertación en el Instituto Universitario de Cultura de La Plata[2], en donde “Después de alegar … por la modificación constitucional en lo relativo a quebrar el viejo concepto de la inviolabilidad de la propiedad”[3]; hace alusión a los mismos, a saber:
1.- PRINCIPIO DEL HOMBRE COLECTIVO.
Según el cual la colectividad debe tener primacía sobre lo simplemente individual. Nada puede sobrepasar las necesidades del pueblo argentino. Sostenía Scalabrini: “la voluntad del número inmenso, que es como el apellido de la colectividad, debe tener primacía sobre lo simplemente individual. Ni la riqueza, ni el ingenio, ni la sabiduría tienen derecho a acallar o burlar la grande voz de la necesidad del conjunto colectivo, que es la voz que más se aproxima a la voluntad del destino”[4].
Este principio debe analizarse teniendo presente la relación entre Estado y Pueblo, donde lo popular, no solamente se sitúa del lado de los vulnerables, sino que se enmarca en la lucha contra el imperialismo y sus aliados internos.
Siguiendo a Feuerbach, se puede decir que: “Solo donde la existencia se une con la conciencia, la intuición con el pensamiento, la pasividad con la actividad, … solo allí hay vida y verdad”[5].
Así el autor alemán concluye que: “Toda especulación sobre el DERECHO, la voluntad, LA LIBERTAD, la PERSONALIDAD sin el hombre, fuera o incluso por encima del hombre, es una especulación sin unidad, sin necesidad…, sin fundamento, sin realidad”[6] Coligiendo que: “solo es real, lo que es objeto de una actividad real y efectiva”[7].
2.- PRINCIPIO DE LA COMPRENSIÓN DEL HOMBRE.
Para que el hombre y sus necesidades estén siempre presentes.En ese orden de ideas encontramos la siguiente sentencia: “para que esta unidad compleja esté siempre presente con sus necesidades biológicas, morales, intelectuales y espirituales y no se sacrifique jamás la realidad humana a una norma de orden abstracto o a un esquema intelectual desprovisto de vida”[8]
En este punto indubitablemente, correlacionado con el anterior, queda claro el tipo de materialismo profesaba el autor. Filosóficamente, la vida práctica de todo hombre no puede ser subordinada a un principio “abstracto”, el imperativo categórico, o cualquier sucedáneo de él. El hombre para vivir debe satisfacer sus necesidades. Un Estado con pretensión de continuidad en el tiempo, que se considere soberano, y que respete la soberanía del pueblo, debe poder trazar una política de distribución del ingreso que sea capaz de obtener un equilibrio social, propender a que no existan grandes desigualdades, como tampoco tensiones (conflictos) de tal magnitud que no puedan resolverse por mecanismos legales o institucionales. No es posible actuar dogmáticamente, como tampoco desarrollar un pensamiento partiendo de algún apriorismo, como puede ser la lucha de clases, el imperativo categórico, etc.
No existe ningún principio “filosófico”, axiológico, o ideológico, como punto de referencia para interpretar y resolver una situación dada. Solo existen las necesidades del hombre, y la resolución jurisdiccional debe efectuarse sobre la base de la proporcionalidad y el principio de autoridad que encarna el Estado. En este sentido cobra vida la máxima de que: “allí donde existe una necesidad, nace un derecho”. Este último axioma debería correlacionarse con la noción de imperio de la justicia social, en cuanto por principio interpretativo de la Constitución de 1949, debe tenerse que la ley debe ceder cuando está en juego cuestiones esenciales a la supervivencia y personalización del hombre, y de allí que la LEGITIMIDAD como facultad de obrar, merecedora de reconocimiento y protección jurídica tiene límites impuestos por la misma constitución, ej: la recepción del abuso del derecho y fallar conforme equidad, en virtud del imperio de la justicia social.
Hay que decir, por otra parte, en este siglo XXI hay que entender la justicia social, en el sentido que: se trata de la cuestión de proporcionalidad, y abarca reglas que procuran mantener u obtener una “relación simétrica” entre las partes en conflicto, es decir: debe darse una relación “axial” en la composición jurisdiccional. A ello debe agregarse: que la propiedad puede entenderse como derivada de la “Convención” (orden jurídico), mientras que lo natural es la “posesión”. Confrontando esto con el voto de Zaffaroni en el caso “Bustos”, podemos colegir que la posesión de bienes materiales (dinero incluído) se compadece con la noción de atributos de la persona, en la medida que no supere un quantum, que en la vida práctica sirva para sufragar las necesidades de la persona, que la posesión de bienes se relaciona con la supervivencia material del hombre, y no como capital rentístico[9]. Así pues se transgrede la justicia social, cuando se sacrifica a una persona o a un grupo de personas, legitimando el beneficio de otra u otras[10] , sobre interpretaciones legales, que contradicen el principio de igualdad, y donde se acepta el beneficio sin contraprestación proporcionada al mismo. Ejemplo de esta cuestión está consagrada en el art. 40 de la Constitución de 1949 en cuanto a la forma de calcular el valor de la expropiación de un servicio público.
3.- PRINCIPIO DE LA PROTECCIÓN AL MÁS DEBIL.
Consagrar una verdadera posibilidad de igualdad; “La igualdad abstracta es en verdad una desigualdad práctica a favor del poderoso”. En su exposición sostiene nuestro autor: “que se elimine la ley de la selva y se establezca una verdadera posibilidad de igualdad. Todo lo que no se legisla, implícitamente se legisla a favor del más fuerte. La igualdad abstracta es en verdad una desigualdad práctica a favor del poderoso”[11]
La igualdad en “concreto” nos dice que los que más tienen, más deben sufragar en el mantenimiento de la cosa común. Aquí juega papel importante, para la proyección de tal noción al campo jurídico, la concepción de Jackobs, sobre el origen de la obligación jurídica, como una consecuencia de la actividad social desarrollada por el agente, y en virtud de la cual según el rol que se cumple, es su responsabilidad. Reposando la reglamentación de las conductas en lo social, es decir en usos, costumbres y prácticas, que surgen de la actividad estructural, y en la medida que no son nocivos para los conciudadanos, o para conservar la res publicae.-
En relación a este punto Scalabrini Ortiz, expreso: “la lucha sentimental que el hombre argentino libra contra el ámbito hostil que lo menoscaba no se endereza con exclusividad a la liberación de la tiranía del capital extranjero”[12]
En el Informe de Despacho de la Mayoría de la Comisión Revisora en la Asamblea Constituyente (8 de Marzo de 1949) Sampay sostuvo: “… la no intervención (del Estado) significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención en favor del más fuerte” [13].
4.- PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA RIQUEZA NATURAL.
“La propiedad es una delegación de la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene. El propietario es un mero tenedor de una fracción de la riqueza común, con cargo de rendir cuenta de su utilización”[14].
Esta visión de la función social de la propiedad, debe ser merituada correctamente, y tener presente que el art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica, Texto constitucional (CN 75 inc. 22), por otra parte, no coincide con el principio expuesto, en cuanto solo dice: que la ley puede subordinar el uso y goce de los bienes por parte de una persona, según el interés social. Y en materia de prohibiciones solo habla de la usura y genéricamente a “toda forma de explotación del hombre por el hombre”. Término “explotación” de una amplitud menor que “actividad perjudicial” establecida por Scalabrini Ortiz, al hablar del siguiente principio (la utilidad colectiva del provecho).
En el pensamiento de Scalabrini, queda claro la idea de que alguien puede por medios legales, ser privado de una propiedad, en función del interés social, como también cuando la retención de tal bien importa una actividad parasitaria. Por ejemplo: las maniobras de acaparamiento de mercaderías, cosas o valores, con la finalidad de incrementar su valor, provocando una distorsión en la economía nacional.
En tal sentido expresó Scalabrini en relación a la composición del Estado que “en lugar de delegados de los grupos financieros, es necesario que la vida de la economía argentina sea regulada y dirigida por los delegados del pueblo”[15]. Agregando que los servicios de transporte, el sistema financiero, las fuentes de energía, debían ser nacionalizados. En esta línea de pensamiento la Constitución de 1949, en el título del capítulo IV de la Parte Dogmática, que dice: “La función social de la Propiedad, el Capital y la Actividad Económica”, otorgando esta función social a los tres términos, y “se traduce en que el capital no puede ser empleado fundamentalmente para la explotación y la exclusión del hombre”[16]
Para Scalabrini Ortiz, la Constitución de 1853 “aún en sus cláusulas aparentemente no económicas, ella está al servicio integral de las conveniencias del capital extranjero”[17]
Nuestro autor sostuvo que no puede seguirse con el mito de una Constitución inmutable, que era necesario terminar con el mito de la Constitución de 1853, siendo necesario establecer la posibilidad de dictar una constitución elástica, recordando que: “en holocausto a esas deidades del capital extranjero y de la propiedad se sacrificaron generaciones enteras de argentinos”[18]. Considerando que la independencia económica es un medio para la realización del hombre “durante un siglo nuestra sociedad estuvo en servidumbre del capital y la propiedad, privilegiado con prerrogativas … Constituyamos una sociedad organizada en base al respeto del hombre, de sus trabajos y de sus sueños”[19]
5.- PRINCIPIO DE LA UTILIDAD COLECTIVA DEL PROVECHO.
Aquí Scalabrini dice: “Que nadie tenga derecho a obtener beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la sociedad y por lo tanto, toda ganancia o lucro … de la retención infructuosa de un bien, deben ser considerados nulos e ilícitos en la parte que no provienen del trabajo o ingenio propio”.[20]
Este pensamiento se proyecta en la concepción del Estado Social de Derecho, planteándose en el terreno jurídico la limitación del ejercicio de derechos por vía de reglamentación. Importa la valoración de la función del CONTROL que debe realizar el Estado (la actividad de policía) sobre la actividad privada en general, y también significa asignar valor al poder de policía en función de la preservación del orden público, el interés de la colectividad y el bienestar general.
De allí que el estado debe actuar, controlando los excesos y el abuso del derecho (Constitución de 1949 art 35), siendo fundamental la reglamentación y la actividad preventiva, de los ilícitos, concebidos en términos genéricos y no como sinónimo de delito.
En el terreno jurídico, la noción antedicha, cuenta con antecedentes nacionales, como v.gr. ley 11.210 del 28/08/1923, que fue una legislación represiva de los monopolios. Y en Fallos de la C.S.J.N.[21] en relación a la fijación de precios máximos, aplicando la Teoría de la Emergencia Pública. Debemos recordar que la función de policía ejercida `por parte del Estado, implica regulación de los derechos individuales a fin de procurar, por medio de tal normativa, la satisfacción del interés general[22].
Indubitablemente, en la concepción en análisis, encontramos la importancia qué prácticamente tiene la policía administrativa, que significa control del ejercicio de los derechos individuales a fin de la adecuación al interés general. Supone “la inserción en el desarrollo de (los derechos individuales) de un requisito de revisión administrativa condicionante de su eficacia”[23], es decir estableciendo el requisito de la autorización administrativa en la situación jurídica particular.
Para Diez, la relación que se entabla entre la Administración y el ciudadano importa en determinados casos una atribución de legitimidad. La autorización deviene en requisito necesario para que el particular accione en el mundo de las conductas permitidas. Y por ende en el supuesto de la aplicación de la sanción, de acuerdo a la igualdad real, que debe presidir todo orden jurídico, se debe seguir una proporción geométrica (no aritmética) en su gradación, según los ingresos del infractor y según su rol o actividad, que debe ser analizada al momento del reproche.
En materia de legitimidad de las conductas, por otra parte, puede considerarse que, por ejemplo, una actividad perniciosa para la sociedad, debe ser objeto de reproche o sanción, y graduar la intensidad del reproche según el caudal económico del que la ejerce. Derivando lo dicho del principio de la utilidad colectiva del provecho.
Debe, por último, recordarse que la finalidad de conservar el orden público es fin propio del Estado, no existiendo diferencia cualitativa entre lo que es prevenir y lo que es sancionar. Significa en ambos casos “la aplicación de técnicas coactivas”[24]
REFLEXIÓN CRÍTICA
Cuando los Forjistas hicieron referencia al imperio de la justicia social, clamaban por la instauración plena del Estado Social de Derecho, y en concreto importa tal remisión, que en el paso de lo abstracto a lo concreto; observada la perjudicialidad de la norma en el caso, su aplicación debe adecuarse a los intereses merecedores de protección in factum, y no cabe la remisión a cuestiones abstractas o elucubraciones sobre el contenido de los textos normativos. En palabras de Sampay: “Por justicia social debe entenderse la justicia que ordena las relaciones recíprocas de los grupos sociales … , con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyeron a su realización”[25]
Debe distinguirse entre la concepción positivista, y la aquí sostenida, pues mientras que para la primera, sobre la base del pensamiento kantiano, el Estado (v.gr. el concepto weberiano de Estado) y la política se reducen a un puro fenómeno de “poder”, caracterizando al Derecho por la noción de “coactividad”. Esta redacción considera a la política como el proceso de formación de la voluntad colectiva, siendo la constitución una expresión de dicha voluntad, “la voluntad institucional de un pueblo”, y el Derecho debe considerarse – siguiendo a E. Zanoni – como “sistema de legitimidad de la conducta humana”[26], que se justifica por sus contenidos, en cuanto orden, y el Estado como conjunto de instituciones investidas de autoridad y jurisdicción sobre la población de un territorio.
Limitar el concepto de Estado de Derecho, de acuerdo a la perspectiva demoliberal de respeto a la ley, es un reduccionismo. Hombre y Estado tienen sus condicionamientos, y solo a través de la autodeterminación se pueden superar los condicionamientos. La libertad del hombre, requiere que éste tenga “conciencia de la necesidad”, y el Estado, que suele estar condicionado por el poder económico y la deuda pública, representa la soberanía del pueblo, y se manifiesta como tal, cuando las demandas sociales son resueltas positivamente, en sentido progresista gramsciano, que significa que los sectores populares ascienden en su calidad de vida y reconocimiento de sus derechos. De allí que se necesita de los funcionarios estatales su apoyatura en el principio de las mayorías, y decidir de acuerdo a las necesidades estructurales y coyunturales. De acuerdo a lo antes dicho, resalta Sampay que: “las cuestiones de salario, de arrendamientos urbanos y rurales, de precio de los objetos de consumo, … se rigen por la justicia social” [27]
Luego de visualizar aquellos antecedentes que sirven para aludir a un historicismo materialista, el pensamiento nacional puede definirse como una matriz doctrinaria nacional – popular – democrática, cuya génesis teórica es estructurada por Manuel Ugarte. Tal matriz conlleva una particular manera de entender al Estado y la política en Argentina, con una visión que, puede considerarse, da preeminencia al fenómeno de la fuga de divisas y la intervención del Estado regulando la actividad económica; de lo cual podría colegirse la preeminencia del orden público por sobre las posiciones liberales individualistas.
Recordemos que distintos autores han sostenido que desde la perspectiva ideológico-política se concibe de una determinada manera al Estado y sus competencias, y con ello se predispone una concreta visión del Derecho, que aquí la hemos considerado como un concreto sistema de legitimidad de la conducta humana. Habiendo planteado Ugarte que <no hay posibilidad de reforma social sin un plan nacional que la sustente>.
Por otra parte el art. 40 de la Constitución de 1949, en sus primeros dos párrafos disponía: “la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.- … Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”. Para después disponer la propiedad del Estado nacional de las fuentes naturales de energía con excepción de las vegetales (minerales, caídas de agua, petróleo, etc.); los servicios públicos y el comercio exterior.
Al decir de Koenig: “Sampay metió mano al artículo (40) – clave para la nacionalización de los servicios públicos – luego de consultarlo con … Raúl Scalabrini Ortiz”[28] entre otros pensadores y convencionales.
Otro punto saliente, como contracara de la expansión del mercado interno, en base al ascenso de la clase trabajadora, y los sectores medios, el Estado se encargó de evitar pingües ganancias por parte de los empresarios con las leyes 12.830 (1946) de control de precios y la ley 12.906 (1947) ley contra el agio y la especulación, anteriores a la Reforma de 1949.
Lo jurídico se conecta con los hechos, que es su materia, existiendo un aspecto normativo y otro aspecto social, pero para Zannoni: el derecho sirve a ciertos fines o ideales, no se agota ni en normas ni en hechos sociales”[29]. Siendo el derecho un complejo de proyectos de orientación de la vida social. Y por ello lo que debe entenderse como Justicia, no puede definirse en abstracto, sino vinculada a cada concreto sistema de legitimidad, “que expresa, … determinados proyectos de vida social, ello es, ciertos e históricos modos de ser de las relaciones sociales”[30].
CONCLUSION:
Este análisis de los principios de colaboración interna, interrelacionados con el Cap. IV de la Constitución Nacional de 1949, nos lleva a tener presente que “el sistema social implica un complejo de creencias compartidas y vividas”[31] . Si la justicia se entiende como “dar a cada uno lo suyo”, ésta no puede desentenderse del modo en que se realiza en un orden jurídico dado. El proyecto nacional imaginado por la Constitución de 1949 importaba una apuesta a un proyecto en que cada “yo” individual adquiere significado o sentido, al fundirse en el nosotros. En última instancia se trataba de dar a cada cual las posibilidades de realización personal en un orden ecuánime, teniendo presente que nadie puede realizarse plenamente en una comunidad que no se realiza.
Se trató de una democratización del bienestar, con la regulación del precio de los alquileres, las negociaciones salariales y el control estatal sobre el comercio exterior, acompañado de políticas públicas concretas, en el contexto de un proceso de redistribución de la renta nacional, el traspaso de divisas del sector agroexportador al sector industrial, el mejoramiento de los salarios, etc. Este proceso puede sintetizarse en dos ejes: a) evitar la fuga de divisas (nacionalización de la banca y el seguro, de los servicios públicos, de las fuentes naturales de energía, del comercio exterior, cancelación de la deuda externa) ; b) manejo estatal de la renta diferencial de la tierra (estatización del comercio exterior, política de industrialización, y tipos de cambio diferenciales, vgr llegó a haber cinco tipos de dólares), en este punto el dinero que quedaba en manos de exportadores y de la oligarquía vacuna, por diferencia entre el precio internacional y el costo de producción, quedó en manos del Estado, siendo el principal recurso oficial.-
Los autores del pensamiento nacional han sostenido desde la perspectiva ideológico-política, una determinada manera de ver al Estado y las competencias estatales, con ello se predispone una concreta visión del Derecho, con preeminencia de la IGUALDAD, sobre la “Libertad” .
(*) Docente Universitario
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[1] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Principios Básicos de un Orden Revolucionario, en: Yrigoyen y Perón, Plus Ultra, Bs. As., 1972 pp. 127 y ss. Ver pp 137, 138.
[2] GALASSO, Norberto; VIDA DE SCALABRINI ORTIZ, Colihue, Bs. As., 2008, p. 377
[3] Op.cit. p. 378
[4] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Yrigoyen y Perón, op.cit., pp. 137/8
[5] FEUERBACH, Ludwing, Tesis provisionales, Hyspamerica, Bs. As., 1985, pp 33, 34
[6] Op.cit. pp 41, 42
[7] FEUERBACH, Ludwing, Principios de la filosofía del futuro, Hyspamerica, Bs. As., 1985, p.69
[8] SCALABRINI ORTIZ, Raul, Yrigoyen y Perón , op.cit. p. 138
[9] La reformulación, donde se ha considerado el principio de “igualdad” lo encontramos en el voto del Dr. Zaffaroni en el caso “Bustos” (Fallos 327-4496), con un planteo realista. Zaffaroni planteó que cuando se trataba de u$s 75.000 o menos, no correspondía la pesificación.
[10] En: fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Buenos Aires, en autos: “Castro, Héctor Jesús c/Dycasa S.A. y otros s/ reparación de daños y perjuicios” 22/10/03 Causa L.81.216, donde se planteó que: “El derecho excluye radicalmente la posibilidad de sacrificar a un hombre o a un conjunto de hombres, para la consecución de fines de otros hombres o grupos” (del voto del Dr. Negri)
[11] SCALABRINI ORTIZ, Raul, Yrigoyen y Perón, Op.cit. p. 138
[12] SCALABRINI ORTIZ, Raúl; La Nueva y la Vieja Constitución. El Capital, el Hombre y la Propiedad, en OBRAS COMPLETAS, Editorial Fundación Ross, Rosario, 2008, T II p. 231
[13] SAMPAY, Arturo, Constitución de 1949 p. 25
[14] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Yrigoyen y Perón, op.cit. p. 138
[15] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Yrigoyen y Perón, Op. Cit. P. 136
[16] KOENIG, Marcelo, Una Constitución Para Todos, Ed. Punto de Encuentro, Bs. As., 2015, p. 125
[17] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, La Nueva y La Vieja Constitución, op. cit. T II p. 235
[18] Op.cit., p. 241
[19] Op.cit. p. 244
[20] SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Yrigoyen y Perón, op.cit. p. 138
[21] FALLOS, T. 136 pp. 160-1 en Jurisprudencia Argentina, Bs. As., 1928 pp 223-33.
[22] Fallos T. 243 pp. 467 y ss T. 144 p. 219
[23] DIEZ, Manuel, Manual de Derecho Administrativo, Plus Ultra, 2da Ed. , Bs. AS. 1981, T II p.193 ver pp. 194, 195
[24] DIEZ, M., op.cit. p. 191.
[25] SAMPAY, Arturo; Informe del despacho de la mayoría de la Comisión Revisora. CONSTITUCION NACIONAL 1949, Pequen Ediciones, Bs. As., 1983, p. 51
[26] ZANNONI, Eduardo; Crisis de la Razón Jurídica, Ed. Astrea, Bs. As., 1980, p. 93
[27] SAMPAY, Arturo, Constituciòn de 1949 p. 51
[28] KOENIG, Marcelo; Una Constitución para todos, Ed. Punto de Encuentro, Bs. As. , 2015 p. 112
[29] ZANNONI, Eduardo. Crisis de la Razón Jurídica, Ed. Astrea, Bs. As., 1980 p. 98
[30] Op.cit. p. 99
[31] Op. Cit. P. 106