(*) Fernando Ventura
A ningún compatriota se lo puede engañar que ha habido un deterioro importante en la vida cotidiana del trabajador argentino en los últimos 50 años, asociado a una pérdida de capacidades económicas y tecnológicas nacionales, como también de grados de autonomía estratégica; especialmente a partir del plan económico y social de la dictadura militar, el cual no fue revertido de forma estructural en 40 años de democracia, a pesar de un intento con audaz impronta en el primer y segundo gobierno del matrimonio Kirchner pero que no logró revertir los serios problemas arrastrados de los años ochenta y noventa del siglo XX.
A continuación realizaremos un breve repaso de lo que pensamos son los principales problemas estructurales en las áreas económica y social, para luego delinear a grandes rasgos algunos principios de solución de mediano y largo plazo.
Un problema central es la extensa extranjerización y dolarización de la economía nacional y las grandes empresas radicadas en el país. Esta situación subestimada por el pensamiento ortodoxo dominante es una situación que implica un deterioro constante o potencial del balance de pagos externo nacional, una debilidad para que el Estado pueda articular políticas productivas, tributarias, tecnológicas y de distinto tipo con los principales actores económicos nacionales ya que para un actor extranjero nuestro país es un eslabón más e indiferenciado de cadenas globales de valor o una más de varias economías “emergentes” o subdesarrolladas en donde apostar mientras le resulte conveniente. La dolarización o bimonetización de la economía provocada por décadas de alta inflación, de desorden grave de las principales variables macroeconómicas y un destrato o velada confiscación a los ahorristas en moneda nacional debe revertirse de raíz con una estabilidad económica en niveles sustentables, preservando el valor de la moneda nacional en el mercado de divisas y premiando el ahorro en moneda argentina en términos razonables.
La estabilidad macroeconómica y el manejo ordenado de la política fiscal, monetaria y de ingresos es un objetivo en sí mismo, que no alcanza para lograr el desarrollo, pero es imprescindible. Sin estabilidad macroeconómica, sin moneda nacional confiable es imposible un desarrollo económico y social duradero y de bases firmes.
Lamentablemente la mentalidad de muchos empresarios se ha focalizado en los últimos 45 años en una valorización financiera que ha descuidado o abandonado la mentalidad productiva e innovadora. Sin embargo, el mercado de capitales nacional continúa siendo muy chico y manipulable, lo que habla a las claras que gran parte del ahorro se realiza en divisas extranjeras y de manera informal u offshore, fuera del circuito financiero formal nacional, algo que aumenta la gravedad y complejidad del escenario macroeconómico.
Son recurrentes los problemas de competitividad externa de distinto tipo (precio y no precio), el históricamente bajo nivel de exportaciones post 1930 y el tipo de cambio real más o menos apreciado especialmente desde 1945 y más fuertemente desde 1979, con la salvedad del período 2002 al 2010, lo que genera falta de competitividad exportadora sistémica hasta la fecha.
Asimismo el Estado ha promovido y promueve desde 1976 la inversión extranjera en los sectores más dinámicos, de extracción de recursos naturales más valiosos y exportadores de la economía, reforzando de esta manera la extranjerización y dolarización de la economía.
Este esquema extractivista, extranjerizante y primarizante sin embargo a duras penas ha logrado aumentar de manera significativa la producción de productos agrarios e industriales para contar con suficiente oferta nacional de productos básicos y con volúmenes altos de los mismos para la exportación (excepto en el sector oleaginoso).
También se ha mantenido un problema recurrente desde la etapa de sustitución de importaciones que ni la modernización productiva de los noventa, ni el mercado ampliado por el Mercosur, ni el enfoque productivista de principios del siglo XXI logró revertir, que es la baja escala productiva industrial y la lenta tecnificación o modernización de líneas de producción nacionales, principalmente por la volatilidad macroeconómica, la falta de financiamiento y la baja competitividad para acceder a mercados externos.
Dos sectores centrales por su potencial proveedor de divisas y con altos niveles de extranjerización o al menos bastante desconectados del resto de la economía nacional son la pesca y la minería metalífera. Algo que los coloca como sectores primarios con potencialidad e históricamente desaprovechados a diferencia del agro, la ganadería y el sector hidrocarburífero.
Los problemas macro y microeconómicos generan bajos niveles de productividad sistémica (productividad total de los factores productivos) comparados con países desarrollados o de industrialización reciente. Salvo en contados períodos de gobierno, como por ejemplo los del general Perón o una gran parte del matrimonio Kirchner, es bajo nivel de I+D respecto de países desarrollados, de Brasil y otros países emergentes con fuerte desarrollo industrial como Corea, Taiwán, Polonia, Turquía. De más esta decir que es imposible una inserción productiva internacional con productos de calidad y en volumen para la exportación sin un permanente desarrollo tecnológico y de innovación en todo sentido.
Desde la dictadura militar de 1976 han sido significativamente altos los niveles de evasión fiscal, de fuga de divisas y de endeudamiento externo privado y público; atentando de esta forma contra una prestación de calidad de servicios públicos esenciales, del sistema jubilatorio estatal y del equilibrio fiscal y monetario. Esto se tradujo en fuertes déficits fiscales y a veces en déficits de cuenta corriente del balance de pagos internacionales imposibles de financiar.
Por otro lado, por diferentes motivos políticos se ha avanzado poco en una gestión más eficiente del Estado y en algunos casos se ha involucionado en la prestación de servicios, repercutiendo en una pobre percepción de los ciudadanos sobre el rol del Estado. Un Estado poco profesionalizado en algunas áreas, donde el ingreso al mismo no es de forma transparente y por mérito, que no planifica a largo plazo y que da servicios que en muchos casos dejan mucho que desear respecto de lo que cuestan tributariamente (justicia, seguridad, salud y educación por ejemplo) es una situación a revertir sin prisa y sin pausa desde este momento. También la gestión de empresas públicas ha sido excesivamente politizada y faltó profesionalismo en la gestión, lo que repercutió en que sean presas de luchas políticas y en algunos casos en el descrédito de parte de la población.
Mención especial merece la situación del sistema educativo, el cual se encuentra obsoleto para el siglo XXI y para incluir a la población en el mercado laboral que se encuentra excluida del sistema económico, como también para recrear comunidad con conciencia nacional y social.
También los niveles de inversión en infraestructura en transportes, comunicaciones, energía, vivienda social e infraestructura social básica han sido bajos salvo en años puntuales desde la restauración de la democracia en 1983, se intentó comprometer al sector privado a partir de los noventa y las inversiones fueron escasas salvo que tuvieran subsidios, promociones fiscales o mercados cautivos con altas tarifas. Luego volvió la centralidad de la inversión pública desde 2003 pero se estuvo lejos de revertir las ingentes necesidades de nueva infraestructura de calidad.
La falta de planificación, el pobre manejo del Estado en todos los niveles y especialmente el desorden o la volatilidad macroeconómica y financiera conspiró para aumentar a niveles inimaginables los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos y marginalidad social respecto a los que se observaban antes de 1976 o inclusive antes de 1988.
También con una apuesta fuerte al extractivismo de recursos naturales en las últimas décadas los niveles de contaminación, deforestación, desertificación de empresas agropecuarias, mineras e industriales han aumentado y eso debería ser parte de la agenda pública para cuidar el territorio para las generaciones venideras.
Ahora focalicémonos en las líneas de acción para revertir o brindar alternativas de solución a los problemas presentados.
En primer lugar en cuanto a la agenda económica es imprescindible normalizar la macroeconomía con un programa económico sustentable a largo plazo partiendo de un ordenamiento lógico, estudiado y flexible de precios relativos principales de la economía (tipo de cambio, tasas de interés, tarifas, salarios, precios de productos básicos) y que tiendan a aumentar la inversión y la productividad en la totalidad de sectores productivos, en lugar de privilegiar visiones meramente financieras, extractivistas o extranjerizantes.
Asimismo los mercados y especialmente el mercado de cambios, deben funcionar con reglas claras y perdurables, con un nivel de control al flujo de capitales especulativos que al menos sean razonables como los de Chile y Brasil, atendiendo a nivel de reservas internacionales que garanticen la estabilidad monetaria. Al mismo tiempo se deben ir eliminando las normas que permitan la dolarización de precios y contratos de la economía o la cándida idea de competencia de monedas institucionalizada desde el Estado, sólo compatible con un territorio offshore.
Se deberían procurar superávits gemelos (fiscal consolidado y de la Cta. Cte. del Balance de Pagos), priorizando el superávit de la cuenta corriente y que el déficit fiscal consolidado (si lo hubiera) no supere el 3% del PBI. Consenso político para desendeudamiento público y no volver a tomar deuda con el exterior en moneda extranjera salvo con organismos multilaterales y/o de fomento. La competitividad precio del tipo de cambio real es central y debe ser una meta permanente para mantener la competitividad exportadora respecto de otros países emergentes, al mismo tiempo de no descuidar las múltiples acciones para aumentar la competitividad externa no vinculada al precio del tipo de cambio.
Se debe realizar una promoción seria del mercado de capitales local, que no equivale a libertinaje normativo, focalizándolo a la financiación de la inversión productiva privada y pública, posibilitando instrumentos de ahorro nacional con tasa real de interés positiva para desincentivar el ahorro en moneda extranjera o la fuga de divisas afuera del país.
Se debe atender de manera urgente y participativa una reforma tributaria y previsional integral, adecuando el sistema tributario argentino (tipos de impuestos, bases imponibles, alícuotas, niveles de progresividad, niveles de distribución primaria y secundaria de la coparticipación impositiva federal) al de los países federales desarrollados occidentales. Promulgar una nueva ley integral de coparticipación federal largamente demorada desde 1994. Se deben aumentar significativamente los controles a la evasión y elusión impositiva/previsional, readecuando al mismo tiempo el régimen penal tributario llevándolo a niveles de penas parecidos a los europeos o estadounidenses. Sólo de esta forma se podrá bajar la presión tributaria a sectores productivos claves como también brindar progresividad al sistema para que paguen más impuestos los que más ganan y no las clases medias precarizadas o los pobres como sucede ahora.
En relación a la gestión del sector público se debe procurar una mayor eficiencia del gasto público, especialmente el social, eliminando inequidades sociales en la propia distribución del gasto, que siempre es escaso. Se deben ejecutar políticas públicas que solucionen prioritariamente y focalizadamente la pobreza estructural de vastos sectores urbanos (asentamientos irregulares de las grandes ciudades principalmente y poblaciones pobres del NEA y el NOA). Se debe tratar de bajar sustancialmente la informalidad laboral a través de distintas medidas de incentivo o sancionatorias.
Se debe procurar una mayor informatización y profesionalización del Estado Federal y los estados subnacionales. Es imprescindible implementar una nueva planificación estatal federal de mediano y largo plazo, con base territorial y estratégica. La gestión profesional, eficiente y la inversión en las empresas públicas debe tener prioridad, no sólo para brindar productos y servicios de calidad a precio razonable a toda la población sino también para evitar fugas de divisas, incentivar la inversión productiva y en infraestructura, brindar empleo de calidad a técnicos y profesionales, desarrollar áreas marginadas del territorio, posibilitar captura de renta por parte del Estado sobre actividades de alta rentabilidad y así aminorar la presión tributaria o realizar subsidios cruzados.
Se debe reordenar profundamente el sistema educativo argentino priorizando la calidad educativa del sistema y la inclusión real de los sectores más marginados socialmente que deben ser los prioritarios en el diseño de las políticas educativas y el destino del financiamiento. A tal fin la inversión en capacitación moderna del magisterio y las jornadas extendidas en colegios de zonas vulnerables con contenidos mejorados o nuevos pueden ser una línea de acción. Asimismo priorizar que el sistema educativo se focalice en reforzar la conciencia nacional, social y comunitaria por un lado y por otro la producción de bienes y servicios de alto valor agregado y tecnológicos; es decir priorizar una educación media técnica de forma masiva, condición sine qua non para dar un giro profundo en la elección de las carreras terciarias y universitarias de los jóvenes y de esa forma aumentar las matrículas en las ingenierías, ciencias exactas y biológicas. Impulsar acciones educativas y culturales que alejen a niños y jóvenes de las adicciones de todo tipo. También la política cultural debe ser de largo plazo volviendo a poner en el centro los valores y tradiciones nacionales.
La inversión en salud no se debe descuidar bajo ningún aspecto, también se debe reorganizar profundamente porque hoy el gasto público es poco, descoordinado entre nación y provincias e ineficiente. Se debería poner en marcha el seguro obligatorio, universal y nacional de salud, integrando al mismo las obras sociales sindicales, provinciales y el PAMI.
La inversión en vivienda social y en reordenamiento de los barrios populares también debería ser una prioridad, que fue ampliamente desatendida en democracia por eso cada vez hay más asentamientos con más familias y no menos. Es inconcebible la cantidad de familias que viven en condiciones de indignidad absoluta en la Argentina, en asentamientos irregulares, en zonas rurales, urbanas o periurbanas. Se debería fomentar el desarrollo territorial de ciudades medianas o pequeñas con radicación de industrias y familias, para descomprimir las grandes ciudades y áreas metropolitanas que no deberían continuar creciendo.
Es imprescindible la coordinación permanente de las autoridades educativas federales y provinciales junto con los referentes del sistema productivo nacional. También es necesario institucionalizar federalmente la capacitación permanente para desocupados estructurales.
Es urgente volver a planificar e impulsar fuertemente las inversiones en transporte, comunicaciones, energía y nuevas industrias de base con mayor nivel tecnológico. Si la gestión de los servicios públicos es estatal, que es a lo que se debería propender, debe ser profesional, no deficitaria (y si lo es, el subsidio debe ser transparente y aprobado por el Congreso), sería conveniente contar con la participación de los trabajadores en las empresas públicas y que estén fuertemente controlada por el Congreso, entes de control públicos estatales internos (SIGEN) y externos (AGN), como también por entidades de usuarios/consumidores.
Es de importancia estratégica priorizar la inversión en ciencia y tecnología privada y pública logrando niveles de inversión al menos similares a los de Brasil y preferentemente a los de España o Italia.
Se debe desincentivar de distintas formas la conformación de monopolios y oligopolios privados (sean de capital nacional o extranjero), incentivando, contrariamente a lo anterior, a la nacionalización de sectores en poder de extranjeros (especialmente las que explotan recursos naturales) por parte de empresarios locales. Asimismo se debería prohibir o limitar fuertemente la compra de tierras por parte de extranjeros. Para que las medidas tendientes a la recuperación de sectores extranjerizados sean eficaces es imprescindible hacer parte efectiva al empresariado nacional de los objetivos estratégicos nacionales y la planificación estatal.
El fomento para una mayor industrialización de nueva base tecnológica, integrando cadenas de valor exportadoras formadas por empresas nacionales y extranjeras, participar en cadenas globales de valor en algunos sectores, debería ser un objetivo prioritario y permanente, teniendo en cuenta el fuerte proceso de desindustrialización experimentado en los últimos 45 años, salvo cortos períodos de reinversión industrial. También es estratégico reorganizar e invertir en el complejo militar industrial nacional en base a fuertes inversiones y nuevas líneas de producción y comercialización.
Con todas las acciones mencionadas, se visualiza que se procura un modelo económico y productivo focalizado en la exportación de bienes y servicios (preferentemente de alta tecnología y con valor agregado) y que a su vez mantenga un mercado interno dinámico y consolidado. Para esto es imprescindible agrandar las escalas productivas y mejorar la eficiencia productiva de todos los sectores. Al mismo tiempo se busca fomentar a través de múltiples políticas públicas el crecimiento constante de la productividad de la economía en su conjunto, equilibrando la conquista y mantenimiento de derechos sociales con el crecimiento de la producción, la exportación y la productividad sistémica.
Por último y no menos importante se intenta incentivar y obligar a ejecutar prácticas ambientales sustentables en todos los sectores productivos, revirtiendo lo más rápidamente posible prácticas nocivas con el medio ambiente.
Este ensayo es una breve contribución no sólo para reflexionar sobre un diagnóstico complejo de una economía que ha fallado seriamente en las últimas décadas en brindar oportunidades de desarrollo individual y colectivo para las grandes mayorías, sino que trata de brindar algunas líneas de acción para comenzar el largo camino de soluciones a los problemas estructurales que no se discuten o se lo hace muy superficialmente al subsumirnos en las discusiones políticas y económicas cotidianas, coyunturales o mezquinas, que galvanizan un gatopardismo político, hablar mucho, realizar cambios cosméticos para que nada cambie el esquema de atraso, de deterioro nacional, de pobreza, de dependencia externa, de injusticia que hace décadas no podemos revertir y el glorioso pueblo argentino no se merece.
(*) Docente Universitario