(*) Jorge Cholvis
1. Nuestro país, como otros del continente, vienen siendo desviados de los caminos que conducen hacia la independencia en sus diferentes facetas: económica, cultural, científico-tecnológica, etc. No podemos dejar de señalar, por tanto, que el peronismo desde su propia aparición inició la lucha por un país independiente y con justicia social. En nuestro tiempo entendemos que también es fuente relevante en materia de planificación y mantiene sólida vigencia la filosofía doctrinaria que lo sustenta.
Desde una concepción fundamentalmente política que prevalece sobre recetas tecnocráticas, sostiene como objetivo clave, consolidar nuestras banderas de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social; y por cierto, que ellas deben servir como marco ideológico y conceptual al accionar de nuestro Movimiento en la propuesta e instrumentación de programas y políticas públicas nacionales, provinciales y municipales.
Entendemos que hoy más que nunca gobernar es crear trabajo, y por esta razón no pueden cederse márgenes de autonomía en política económica que impidan o menoscaben las decisiones en el nivel de empleo, y las políticas fiscales o de ingreso. Por cierto, no se puede subordinar a las insinuaciones del mercado la decisión de lo que se ha de producir.
Es el Estado por su eminente función rectora, el que debe tomar las decisiones racionales en cuanto a la estructura de la producción. Las pautas y el perfil que es su resultante componen el proyecto para el desarrollo, cuya concepción debe ajustarse en muy estrecha simbiosis al proyecto de país o proyecto nacional, que consagre como modelo para promover sobre bases sólidas el desarrollo económico y el bienestar social.
Para ello, es imprescindible tener presente a la planificación como “herramienta”, para imprimir unidad de concepción y de acción (direccionalidad estratégica) a la multiplicidad de dependencias y organismos de la Administración Pública, pues con su implementación se dotará a aquella de un modelo y un conjunto de metodologías y técnicas diseñadas para lograr la consistencia buscada entre los objetivos políticos y estratégicos del gobierno y los planes definidos para cada una de las áreas institucionales, de forma tal que haya coherencia con el desempeño operativo de cada una de ellas.
Por cierto, como proceso permanente la planificación estratégica incorpora mecanismos de recalculo, que permiten conocer la auténtica relación de fuerzas entre los grupos sociales y las particularidades estructurales presentes en el sistema, y los obstáculos y desviaciones que se presentan respecto a los objetivos establecidos, a fin de definir la aplicación de las medidas de contingencia más apropiadas a cada circunstancia.
Sostenemos que un proyecto social y político identifica al conjunto de actividades orientadas a obtener un resultado que satisfaga las necesidades urgentes de la comunidad, y elevar la calidad de vida de la población. Basándonos en el contenido lo conceptuamos como nacional, popular, democrático y federal. Es el proyecto más importante dado que influye en todo un país. Los programas sociales o públicos deben apuntar precisamente a mejorar la calidad de vida del pueblo. Es marcar un camino, emitir señales claras y concretas de cuál debe ser la dirección de un Estado y de un Gobierno. Un proyecto de estas características necesariamente debe estar en conexión con la Constitución. Al lograr ser consagrado por el pueblo, la Constitución se ha de ajustar al mismo. Sin dudas, es el futuro del proyecto.
Es la misma evolución cultural, económica y social la que impulsa desde el interior de los pueblos a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el político institucional, y es sabido que el sentido más amplio y profundo de la participación del hombre en la vida de una nación políticamente organizada, se traduce en la soberanía del pueblo y en su derecho a ser artífice de su propio destino y “soberano de su propia suerte”. El debate sobre la democracia en las circunstancias actuales es una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. El tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad Argentina. No se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución
2. En base a ello, sostenemos que la Argentina precisa con urgencia planificar en forma integral su desarrollo urbano, rural y territorial a corto, mediano y largo plazo, a fin de garantizar mediante la planificación estratégica, la armonía regional y la migración interna en la diversidad de la geografía nacional. Y a esos efectos, el Estado Nacional deberá federalizar el crecimiento económico y demográfico, desconcentrando los procesos productivos, el poder político y económico, y los servicios tecnológicos. Para lo cual se ha de observar la necesidad de fortalecer la autonomía de los municipios y lograr un desarrollo armónico de territorios y ciudades en toda la extensión nacional que posibilite que el crecimiento demográfico acompañe el desarrollo económico y social.
Sin dudas, es necesario planificar estratégicamente el futuro de nuestro territorio para defender la integridad territorial. Y la pronta realización de estos objetivos estratégicos dependerá de la inteligencia política para aprovechar el desarrollo científico-tecnológico con perspectiva federal y, así, articular políticas regionales con sus instituciones académicas locales.
Es imprescindible en la planificación estratégica garantizar la armonía regional y promover la migración interna de nuestros compatriotas hacia la diversidad geográfica nacional. Por ello, insistimos gobernar es a la vez poblar y crear trabajo, y para su logro es necesario tener un proyecto de desarrollo económico regional con creación de riqueza y generación de trabajo mediante la industrialización en el lugar de origen de las materias primas.
No se puede dudar que la Argentina precisa con urgencia planificar en forma integral su desarrollo urbano, rural y territorial a corto, mediano y largo plazo, a fin de garantizar mediante una planificación estratégica la armonía regional y la migración interna hacia la diversidad de la geografía nacional. La planificación poblacional debe producir las correcciones necesarias para evitar el colapso demográfico en el uso de la tierra; a fin de resolver la mayor concentración poblacional en las grandes ciudades, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida e inconvenientes en las políticas públicas de planeamiento urbano, contaminación, seguridad, educación, salud y generación de empleo. El Estado Nacional deberá federalizar el crecimiento económico y resolver el demográfico, desconcentrando los procesos productivos. Es necesario planificar estratégicamente el futuro de nuestro territorio para defender la integridad territorial.
Por lo que advertimos que la descomunal concentración geográfica de la riqueza que presenta nuestro país, genera una evidente desproporción entre los recursos y gastos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los del resto de las provincias; y por ende, urge comenzar a identificar meticulosamente las potencialidades de cada una de las zonas del país (Provincias y Municipios) y brindarles los proyectos de infraestructura necesarios para su promoción. Lo cual nos lleva a sostener a la planificación estratégica local en busca de su propio desarrollo regional, que dará como resultado crecimiento económico, desarrollo humano y justicia social.
Por ende, se debe corregir con urgencia el desbalance en la ocupación del territorio. Para ello, es imprescindible comenzar descomprimiendo la macrocefalia de CABA a fin de terminar con el diseño de “país abanico“, con vértice en la región metropolitana de Buenos Aires. A esos efectos es imprescindible lograr un desarrollo armónico de territorios y ciudades en toda la extensión nacional; y en especial desarrollar las economías regionales acrecentando su articulación productiva y demográfica. Y por cierto -como vimos- , un desarrollo científico-tecnológico con perspectiva federal y articular las políticas regionales con sus instituciones académicas locales.
La planificación estratégica, como herramienta que permite resolver el mediano y largo plazo ubicando al Estado en el lugar que debe ocupar en una sociedad moderna y organizada, tiene que transformarse en un asunto cultural que ocupe el interés del Pueblo y de los funcionarios públicos que lo representan. Sólo así podremos superar la improvisación y la debilidad que nuestra Nación ha mostrado para ser cooptada por políticas neoliberales que la desintegran y condenaron al Pueblo a la pobreza (Conf., Aníbal Jesús Stella, “Aportes desde La Matanza al Modelo Argentino”, Buenos Aires, junio 2019, pág. 55).
Es imprescindible en la planificación estratégica garantizar la armonía regional; y para ello será necesario tener un proyecto de desarrollo económico regional con creación de riqueza y generación de trabajo mediante la industrialización en el lugar de origen de las materias primas, y la formalización de las economías provinciales y regionales. La armonía del desarrollo regional garantizará el crecimiento con equidad y mayor potencialidad para la Nación toda. El crecimiento de las economías regionales de nuestra Nación será la garantía para lograr tan elevado objetivo. La economía nacional precisa lograr un desarrollo planificado y multisectorial.
Cabe insistir que todas las naciones que gozan de un alto nivel de desarrollo pertenecen al mundo industrializado. Y por el contrario los países sin industria, o con una actividad fabril insuficiente, sufren las penurias que son el rasgo común de las regiones subdesarrolladas. La experiencia confirma la validez de ambas premisas, y de ellas se desprende, como una suerte de silogismo, esta conclusión terminante: sin desarrollo industrial no es posible el desarrollo económico.
3. Es imprescindible señalar que cuando los mentores del neoliberalismo critican al Estado no se refieren al que utilizó para instalar sus políticas; sino lo que están criticando y tratan de evitar es la necesaria presencia de un Estado activo, dotado de los recursos humanos, técnicos y financieros en defensa de los intereses nacionales y populares. Al Estado que fije límites a los poderes económicos y financieros que han minado el fundamento democrático de la vida social, como asimismo los derechos y libertades del pueblo. Entonces es indispensable ser precisos y poner de relieve a qué concepto de Estado se hace referencia.
Por nuestra parte bregamos por un Estado “activo” que impulse el progreso de la Justicia que es el sentido esencial de la historia. El otro Estado, constituye un claro anacronismo histórico. Se debe precisar sin demora el proyecto que le proporcione a un Estado eficaz los resortes institucionales básicos para impulsar el desarrollo económico nacional, sin perjuicio de dejar señalado el amplio campo que se le debe reservar a la iniciativa privada no monopólica.
Perón en el “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” (Editorial Docencia, Buenos Aires, 2011, págs. 120 y 144) nos señalaba que ningún país es realmente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos”, y que es necesario “cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales”.
También Evita expresa en “La Razón de mi Vida”, que Perón “solía decirme en 1945: La Justicia Social exige una redistribución de todos los bienes del país para que haya así menos ricos y menos pobres. Pero ¿cómo podrá redistribuir los bienes de un país un gobierno que no tenga en sus manos el poder económico. Por eso es necesario que yo dedique todos mis esfuerzos para asegurar la independencia económica del país. Habrá que nacionalizar todo lo que sea un medio de dependencia económica; y todo lo que importe una salida innecesaria de riqueza nacional. ¡Así habrá más bienes para el pueblo! ¡Así el pueblo tendrá lo que necesita o por lo menos todo lo que a él le pertenece!”.
Las políticas de Estado deben encaminarse a resolver la problemática de la defensa de los recursos naturales no renovables de alto valor económico (hidrocarburos y minerales: litio, cobre, plata y estaño, entre otros); las reservas de agua dulce de los glaciares o el acuífero Guaraní y las que custodia el Tratado Antártico; renovables (potencial hidroeléctrico, forestal, bio-combustibles y bioetanol); o geopolíticos (la cuestión Malvinas, archipiélago cuya posesión basada en la fuerza el Reino Unido quiere usar como plataforma para avanzar sobre la Antártida).
No se debe olvidar el planeamiento rural. Y modificar el diseño “radial” de la red ferroviaria desarrollada en nuestro país por los capitales ingleses que moldeó la Argentina que conocemos. El “país abanico” que nos señalaba Alejandro Bunge. Tampoco la desventaja que nos ocasiona en el mundo actual carecer de una flota mercante propia; y en materia de comercio exterior es imprescindible definir como objetivo brindarle mayor competitividad al sector, y para lograrlo tomar la decisión política de crear empresas capaces de concretar en la participación de productores nacionales junto al Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.
Asimismo, en el plano de la política fiscal y monetaria, es imprescindible implementar políticas fundamentales a la hora de decidir promover una reforma fiscal progresiva; y entre ellas la función del Banco Central, su relación con el crecimiento económico y las medidas que se deben tomar para el desarrollo y federalización del mercado de capitales nacional. Sin duda, evitar la evasión y la fuga de capitales al exterior.
Es indispensable lograr un proceso de consolidación de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social. Objetivo esencial, para lo cual es indispensable conseguir que la investigación científica y tecnológica acompañe, y, en lo posible, lidere el desarrollo económico de la Nación y sus regiones.
Pero también es imprescindible definir políticas públicas que reduzcan y a la vez prevengan los efectos del cambio climático sobre la superficie de nuestro país. Por ello, se imponen políticas públicas -tanto en los ámbitos nacional, provincial y municipal- que permitan planificar estratégicamente la acción del Estado y el sector privado en la preservación del medio ambiente.
Creemos oportuno en tal sentido traer a nuestro tiempo el pensamiento de Perón cuando en el “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, expresaba que el crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a través de métodos que no perjudiquen la salud humana, según condiciones particulares de cada país y en el marco de políticas económicas y sociales globalmente racionales. La lucha contra la contaminación del ambiente y la biósfera, el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la población del planeta, debe resolverse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la consideración permanente de las Naciones Unidas. No es un problema más de la humanidad: es “el” problema. Todos estos problemas están ligados de manera insoluble con el de la Justicia Social, el de la Soberanía Política y el de la Independencia económica del Tercer Mundo, y la distención y la cooperación internacionales (Editorial Docencia, 2011, págs. 143/4).
También hemos de recordar que el Papa Francisco en su encíclica social Laudato Sí, ante la crisis ecológica ambiental que atraviesa el mundo, nos llama a responder al “desafío urgente de proteger nuestra Casa Común que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”, porque “sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato Sí, n° 13) y que “es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” (Laudato Sí, n° 139). Por ello propone una ecología integral que entre sus distintas dimensiones “incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo” (Laudato Sí, n° 15), pues más allá de los sistemas que se describen como causa de la crisis socio ambiental, su raíz más profunda es de orden antropológico.
4. No podemos dejar de mencionar por tanto, ideas y conceptos plasmados en la Constitución Nacional de 1949 y sus principios básicos, con su concepción filosófico-política y diseño técnico-jurídico, que se deben rescatar para lograr un país soberano y con pleno goce de los derechos humanos básicos por la población. Fue en dicha Constitución que se institucionalizaron al más elevado rango normativo los medios e instrumentos adecuados para la función del Estado con dicho objetivo. Por ello, nosotros la conceptuamos como raíz y futuro.
Para aportar al debate constitucional entendemos necesario tratar un aspecto esencial respecto a la Constitución y precisar que en su integridad ella es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución jurídico-formal).
Es que la Constitución real es la suma de los factores de poder -tanto internos como externos- que predominan en una sociedad determinada. Desde el momento en que se recuperó la noción de la realidad conceptual de la Constitución, frente a la ideología que presentaba a la Constitución escrita abarcando la realidad global de la Constitución, quedaron claramente conceptuadas la infraestructura sociológica y la sobreestructura jurídica de la Constitución. Y como a estos dos aspectos de una misma realidad se los llamó Constitución, hubo que diferenciarlos con nombres complementarios: al primero se lo llamó Constitución real y al segundo Constitución escrita o jurídico-formal.
Es claro que el tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo. Un Constitución no es sino su consecuencia, y el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia. Es ineludible tener presente la correlación que existe entre la Constitución real y la Constitución escrita; y también la afirmación de la justicia que debe contener la Constitución real atento a las condiciones sociales de producción y cultura. La adecuación a tales condiciones sociales conforma los criterios para valorar la Constitución real y a la Constitución escrita; y así, esos criterios vienen a servir de ideales para animar la lucha del pueblo por una Constitución mejor.
Así es, expresaba Perón, que un mandato importante del gobierno, “es crear las bases necesarias para la elaboración del Proyecto Nacional e instrumentarlo una vez realizado” (Juan Domingo Perón, “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, Editorial Docencia, Buenos Aires, 2011, p, 152).
5. En nuestro tiempo la ecuación independencia política formal – dependencia económica real aún continúa expresando la contradicción polar característica de la sociedad internacional contemporánea. La misma subraya la situación de la mayoría de los países que no han alcanzado un desarrollo pleno y define los rasgos esenciales del neocolonialismo. El primero de esos elementos apunta a datos jurídico-institucionales que conforman el concepto de soberanía estatal; el segundo, en cambio, traspasa los velos de la estructura institucional y muestra una situación de subordinación, de falta de verdadera autonomía, que se contrapone al concepto legítimo de soberanía. La falta de independencia económica incide en la pérdida de la independencia política, pues quien controla la economía de un Estado domina también su política nacional e internacional. Por otra parte, dependencia económica y subdesarrollo operan como factores en directa interacción y aseguran la subsistencia de las estructuras que impiden la efectiva vigencia de la soberanía. Ello incide directamente en el condicionamiento socioeconómico que ocasiona la falta de vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afecta a la mayoría de la población. Perón nos advirtió que “no hay pueblo capaz de libre decisión cuando la áspera garra de la dependencia lo constriñe” (Juan Domingo Perón, “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, Editorial Docencia, Buenos Aires, 2011, p., 84).
Incorporar el concepto de independencia económica al campo de una Teoría del Estado que interprete las circunstancias propias de nuestros países, enriquecerá con una nueva dimensión la concepción tradicional de soberanía. Los principios incorporados en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1949, no son mera retórica ni para tener olvidados como cosas del pasado.
Para los países de alto desarrollo se torna una cuestión superflua adoptar una individualización del atributo de la independencia económica. Para ellos, independencia política e independencia económica son conceptos equivalentes que conforman el “autogobierno”. Son dichos países los que ejercen el control político y económico de los pueblos sometidos y por esta razón dentro de la concepción tradicional, la soberanía se define exclusivamente por sus conceptos político-institucionales. Confrontando ese concepto con la realidad de los países que padecen la antinomia independencia política formal – dependencia económica real, la definición tradicional revela inmediatamente su carácter abstracto y su falta de adecuación para reflejar una correcta relación entre la forma jurídica de la soberanía y el contenido económico-social en que ella se expresa.
El modelo correspondiente a la concepción tradicional de soberanía es el Estado integrado en lo político y en lo económico. Allí la estructura político-jurídica y la economía convergen en el plano de la nación. El modelo de los países que no han logrado aún o no gozan la independencia económica, es el del Estado no integrado. En este caso, la estructura política aparece formalmente realizada en el marco nacional, pero la estructura económica no se encuentra integrada en la nación, sino que lo hace con la economía de la potencia regente, o queda sujeto a los factores externos prevalecientes. La intervención de los estados dominantes sobre los países sometidos se efectúa a través del control de sus economías.
El Estado que no ha alcanzado un desarrollo pleno conserva los atributos formales del autogobierno, pero las decisiones efectivas le son dictadas desde el exterior. La pérdida del dominio sobre los comandos de la vida económica hace que todo el concepto de autogobierno quede subvertido. En el antiguo sistema colonial, el país colonizador imponía desde afuera sus instituciones y su supremacía al país sojuzgado, En esta etapa globalizada las potencias que prevalecen a escala mundial, y los poderosos fondos de inversión expresión del capitalismo financiero globalizado, acorde a la situación de predominio que por distintas vías y variados instrumentos logran en el marco de la Constitución real de los países sometidos, ejercen su poder desde adentro, a través de las mismas instituciones establecidas en el país dependiente y direccionan sus políticas económicas.
Bien calificó Cristina Fernández de Kirchner a esta etapa del capitalismo financiero como “anarco-capitalismo”, porque destruye el poder de la institucionalidad de las naciones, no sólo en la renegociación de las deudas soberanas sino en la estructura jurídica y económica por medio de la evasión fiscal, la fuga de capitales, los paraísos fiscales y los “fondos de inversión”. También complementa ese sistema opresivo la prórroga de jurisdicción y las garantías otorgadas sobre nuestros recursos naturales. De tal forma, el endeudamiento público volvió a ser una cuestión gravísima y sabemos cómo condiciona las políticas económicas.
Como observamos, desde hace tiempo, la prórroga de jurisdicción a foros judiciales extranjeros y a tribunales arbitrales internacionales se acentúa en los tiempos de la globalización financiera, como requerimiento fundamental del capitalismo especulativo. De esa forma privilegian los intereses del capital mundialmente concentrado en pocas personas, por sobre las necesidades básicas insatisfechas de los pueblos que cargan con el peso del endeudamiento. Más aún, dado que incluyen la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.
Por tanto, instituyen políticas para el despojo y descomunal endeudamiento externo y cabe señalarlos como expresión del capitalismo salvaje que afecta al desarrollo y existencia de los pueblos: son instrumentos para el saqueo y parte de la trama jurídica de sometimiento.
Las políticas de gobierno que inició Macri generaron las condiciones para el regreso del FMI y el incremento del endeudamiento. Ello, vuelve a ser una cuestión gravísima en la actual etapa de Milei, y condicionará todas las políticas económicas. Ya no cabe discusión que el FMI, Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales por distintos caminos intervinieron en la formulación de las políticas económicas que durante años se aplicaron, con los acuerdos stand-by, el Extended Fund Facility, las misiones especiales, los créditos condicionados y los programas de “ajuste”. Estos documentos se transformaron en un soporte de máximo rango en la conformación de la Constitución real, que somete y condiciona a la Constitución Jurídica.
Sobre la base de dichos instrumentos el FMI y el Banco Mundial asumieron una disimulada función de co-redacción y vigilancia del cumplimiento de los programas económicos de “ajuste”. Intereses y condicionamientos conexos son las cédulas cancerígenas del sistema de deuda impagable que carcome la vida de los pueblos.
Se debe concluir con el restaurado proyecto conservador neoliberal que actualmente se ejecuta en la Argentina, al servicio de las multinacionales, la oligarquía y el sistema financiero el cual afecta gravemente el desarrollo económico y social, y al consiguiente goce efectivo de los derechos humanos básicos. Ha ocasionado destrucción del sistema productivo, cierre de pequeñas y medianas empresas, falta de trabajo, caída del salario real, desocupación y pérdida de conquistas laborales y sociales, aumento constante del costo de vida con descomunal incremento de las tarifas de servicios básicos, sujeto al F.M.I. y e instrumento para el endeudamiento odioso e impagable, que va sumergiendo al país y castigando a la mayoría de su población.
Horas de derrumbe institucional y en perjuicio de las condiciones de vida de las grandes mayorías. El escandaloso proceso de endeudamiento afecta el derecho al desarrollo, y coloca a nuestro país en condiciones de extrema vulnerabilidad como nación soberana. Qué duda puede caber sobre que la soberanía es la condición necesaria de toda justicia; y del respeto a la dignidad de cada una de las personas que habitamos este suelo.
Por esas vías se ocasiona un desmedro sustancial en el ejercicio de nuestra soberanía. La dependencia se manifiesta así en la transferencia de la decisión nacional en la confección de los programas económicos. Tal cual ocurre ahora en la Argentina, y está afectando gravemente la vida de nuestro pueblo. Y como advertía Perón, “Hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de su economía pierde su soberanía” (Juan Domingo Perón, “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, Editorial Docencia, Buenos Aires, 2011, p, 130). Y además, que “de nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de su uso racional” (Juan D. Perón, ob. cit., p, 146).
6. Bien se refería Arturo E. Sampay (“Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones, 2da. Edición, pág., 255) sobre la trascendente cuestión del Desarrollo. Expresaba que la expresión elíptica desarrollo político, tiene como significado la búsqueda del régimen político que sea el más apropiado para impulsar el desarrollo económico de un país en cierta etapa de su evolución histórica. En esencia, pues, el desarrollo político sólo es posible con las estructuras político-institucionales más adecuadas para un acelerado desarrollo económico. Y el desarrollo económico, como se sabe, consiste en establecer las estructuras socio-económicas más aptas para explotar con procedimientos modernos los recursos con que cuenta la comunidad política a fin de multiplicar la productividad del trabajo social, para que todos y cada uno de sus miembros gocen de los bienes materiales y culturales de la civilización.
Dicho en otros términos: el desarrollo político comprende el conjunto de cuestiones relativas a la instauración de una Constitución justa, pues, en su integridad la Constitución es, ciertamente, una estructura multidimensional: cultural-económica en la base (Constitución real) y jurídico-institucional en el vértice (Constitución formal). Por tanto, no alcanza con realizar un análisis predominantemente jurídico-político de las causas que se producen en la infraestructura sociológica de la Constitución y que se corporizan en la inestabilidad de la Constitución escrita, pues al hacerlo de tal modo se aleja el examen de las causas económico-sociales que llevan a la crisis de nuestro sistema institucional.
Con todo acierto en el año 1974, en “El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, señaló Perón que “el país necesita ver materializado el Proyecto Nacional”, y que “el camino a seguirse para efectuar los ajustes institucionales necesarios deberá partir, naturalmente, de una reforma de la Constitución Nacional. Para ello es preciso -decía- recoger las opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina. De esta forma seremos fieles al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo si no es con la participación de todo el País”, y en consecuencia expresaba que “necesitamos, pues, crear la fuerza requerida para sustentar una política nacional”. Ya en ese tiempo remarcaba que “el País necesita ver materializado el Proyecto Nacional”. Y nos señala que “una historia falsa -una política de la historia-, ha dejado en el olvido la Constitución de 1949 por temor al modelo económico de país en ella plasmado”. Por tanto, es imprescindible repensar un constitucionalismo emancipatorio, que brinde respaldo jurídico necesario para las decisiones en políticas públicas que impulsen el ordenamiento de la Nación Argentina y su Pueblo en el Modelo Argentino.
7. Sostenemos que el marco político e ideológico del discurso único del modelo neoliberal y del mercado como panacea es la expresión del poder concentrado ejercido por los sectores dominantes, y el egoísmo e individualismo han sido incorporados como pautas de conducta, llevando a la pérdida de la solidaridad social. Asistimos a un duro debate en el que confrontan las dos corrientes que en distintos tiempos y de diferentes formas luchan por predominar en la historia del hombre. Dos modelos en pugna. Confrontación que existe tanto en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional y en Argentina. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.
El plan de colonización concretado en el marco de la Constitución vigente desde 1994, forma parte de una ofensiva general en nuestra región suramericana. Se viene desplegando una sistemática utilización como instrumento para la marginación de derechos y el despojo. Un derrumbe institucional.
No es una fragilidad circunstancial sino que -como bien sostenía Sampay- es una consecuencia que surge del plano de la Constitución real; o sea, la estructura de poder que prima en nuestro sistema político en beneficio de los dueños del capital y la tierra. Para ello, subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual promueven una interpretación maliciosa de objetivos que unen al ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática de la Constitución escrita vigente.
Pero vayamos a la Constitución vigente desde 1994. Si bien amplió una serie de derechos ciudadanos en el capítulo segundo de la Primera Parte, titulado “Nuevos derechos y garantías”; y en la segunda Parte, sobre “Autoridades de la Nación”, y en su capítulo Cuarto instituyó como “atribuciones del Congreso” varios principios avanzados proclives al goce de los derechos humanos básicos, sin embargo en su diseño dejó abierta la puerta para que la interpretación de dichas normas por los sectores del poder económico-financiero y mediático se siga realizando con el lenguaje de mediados del siglo XIX revivido por el neoliberalismo, en pos de la apropiación oligárquica del excedente económico, mediante el apoyo de ortodoxas formas de acumulación financiera. Lo experimentamos en carne propia los argentinos. Es que debemos reiterar que la única democracia que reconoce el poder hegemónico mundial es la del Mercado como panacea, y califica de autoritario, o populista al gobierno que estimule políticas heterodoxas en lo económico con distribución social de la riqueza.
La política de no ingresar al tema constitucional y debatirlo a nivel popular, ciertamente es una manifiesta y definida actitud con el oculto objetivo de sostener el statu quo; o sea, es una política conservadora para que perdure el esquema dogmático que instituyó la Constitución histórica que sostiene y posibilita una política económica constitucional que se adapta a las concepciones del “neoliberalismo”. Se debe salir de generalidades y el debate no cabe realizarlo en términos ambiguos o en cuestiones formales, que con eufemismos se oculta el rechazo y temor de los sectores dominantes a la democracia y soberanía popular. Quienes así actúan proponen el debate y consenso para mantener las bases establecidas en la Constitución real siguiendo las pautas de la democracia liberal, y en sostén de las normas de política económica insertas en la Constitución jurídico-formal que posibilitan perdure el “neoliberalismo”. Sin duda, es necesario superar tan engañoso proceder pues no poner en plano popular el debate, ocultar el porqué de la Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a las causas, las finalidades e intereses que la conformaron; e impedirá diseñar e institucionalizar los fines y medios adecuados para que impulsemos el país que desean y merecen los argentinos.
8. Por tanto, entendemos y así lo sostuvimos, es imperioso dar respuestas y propuestas concretas sobre las pautas del Proyecto Nacional. No encarar el debate constitucional implica no afrontar el proceso histórico. Como venimos proponiendo será necesario crear el ámbito adecuado para lograrlo; la estructura orgánica que se diseñe para llevar a cabo tan importante objetivo. Sostenemos la necesidad de diseñar la metodología y pautas para un nuevo Proyecto de País que logre aportes desde una perspectiva multidisciplinaria y pluri-sectorial. La trascendencia del tema lleva a descartar la alternativa que sostenga que el mismo sea encarado solo por un sector social o político. Como programa de acción para su realización venimos indicando que inicialmente con amplia participación popular se definan los ámbitos y criterios de organización para avanzar en el debate. Luego vendrá la segunda etapa, sobre el contenido del proyecto, qué país desean ahora los argentinos; debatir y definir los puntos esenciales para lograrlo y, asimismo, la estructura institucional para su ejecución. Finalmente, alcanzaremos la tercera etapa, que es la que encarará el diseño arquitectónico de la Constitución como marco del nuevo proyecto.
Así es que el tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución. Es sabido que la Ciencia Política eleva a categoría de dogma el principio participativo. Para expresar de la manera más clara y fundada la determinación que se ajuste mejor al interés de la República y al bienestar de su pueblo, dicho debate tiene que ser anterior al tratamiento en el Congreso Nacional.
Una Nueva Constitución, no una simple reforma. Por eso es imprescindible la apertura de un proceso de movilización popular que desemboque en una propuesta que recoja los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo. Desde los municipios, sindicatos, universidades, movimientos sociales y partidos políticos. Organizaciones barriales, universidades, centros de investigación estudiantiles, de la pequeña y mediana empresa; de mujeres, de jóvenes y de jubilados. Promoverlo en los medios de comunicación, particularmente los que no son manejados por el control remoto de las grandes corporaciones.
Avancemos, hacia el imprescindible logro de un proceso constituyente con estos altos objetivos de alcanzar la Justicia Social, o el “buen vivir” de las poblaciones de nuestro país, para lo cual sostenemos la necesidad de incrementar la participación popular mediante Asambleas de base, con propuestas temáticas concretas. Participación y poder popular para enfrentar al poder económico, mediático y judicial. En la senda hacia una nueva etapa en la Argentina, es necesario remarcar y sostener las competencias propias de la Asamblea Popular Constituyente. La organización popular tiene que llevarnos al Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Federal. Por cierto, dicho texto nacerá de las filas del Pueblo al emitir su decisión hacia una nueva Constitución.
Por todo ello, entendemos que la Constitución Nacional requiere un nuevo diseño, una nueva arquitectura distinta, amplia y profunda, y no se debe restringir a una simple modernización de su parte dogmática o a la modificación de su faz orgánica. Sin duda que será necesario realizar un esfuerzo creador para construir un orden sociopolítico propio que sirva de base sólida para instaurar un nuevo modelo de sociedad que nos permita hacernos cargo de nuestro propio destino en el mundo global, y enfrentar a los sectores que se oponen al cambio social en la Argentina. Como inmediata consecuencia vendrá la oportunidad de sancionar una nueva Constitución Emancipadora para el País de los argentinos.
Evita señaló en 1948, en sus publicaciones del diario “Democracia”, en un texto titulado “El pueblo quiere soluciones argentinas para los problemas argentinos”: “El país no puede vivir encuadrado en moldes antiguos, que lo ciñen y ahogan (…) Se advierte la responsabilidad inmensa que tenemos ante las futuras generaciones argentinas. Hay que procurarles un estatuto fundamental adecuado a su desarrollo (…) Luego de dos guerras trascendentales, de conmociones sociales y psicológicas profundas, nadie cree que un pueblo deba vivir esclavizado a un texto frio, a una Constitución antigua, mientras que se destaca como verdad incontrovertible, que la Constitución debe estar al servicio del pueblo. Porque no hay tiranía peor que la de la ley, cuando es inadecuada a las necesidades del conglomerado social (…) Quiere ese pueblo soluciones humanas para los problemas humanos, y soluciones argentinas para los problemas argentinos. Económicamente independiente y socialmente feliz, afianzado sobre un texto constitucional justo”.
9. El pleno ejercicio del poder constituyente del pueblo es la única garantía para que los argentinos y argentinas tengamos una nueva Constitución. Una Constitución que no sea solamente un documento jurídico sino la expresión de un nuevo proyecto para el país, cuyo norte sea el más pleno ejercicio de su soberanía nacional y la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos para todos sus habitantes.
Como explicaba Sampay, las naciones son estructuras colectivas vitales, pero que a diferencia de las individuales, no están sometidas a los inexorables términos del proceso de desarrollo, decrepitud y muerte biológicos, sino que según sea la excelencia o carencia de su previsión y voluntad, crecen o decrecen, se expanden o se contraen, progresan o decaen hasta sucumbir. Propusimos en varios textos construir una trinchera de ideas para confrontar con quienes impulsan políticas para someter a los pueblos. Un espacio para forjar el pensamiento y la acción necesarios para el Proyecto Nacional de los argentinos en este Siglo XXI. Abrir y profundizar el debate; construir rutas conceptuales y metodológicas, como paso indispensable para la formulación del proyecto de liberación nacional y social. Trasmitir el saber emancipatorio: sembrar la teoría y diseñar la metodología apta para hacerlo realidad. Avancemos definitivamente por la senda hacia la Patria Grande.
La urgente reversión del rumbo nacional solamente es concebible sobre la base de la construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo Estado, apoyado sobre nuevas bases conceptuales acordes al país que tenemos y a nuestro tiempo contemporáneo, que apuntale constitucionalmente derechos. Para efectivizar la Justicia como fin último de toda comunidad política es necesario iniciar el debate hacia una nueva Constitución. No es tarea excluyente de juristas ni de especialistas. Ello sólo puede alcanzarse si es el fruto de una amplia movilización y una efectiva participación protagónica para institucionalizar al más alto rango normativo un Proyecto Nacional, Popular y Democrático.
No nos cabe duda alguna que como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación. Ciertamente, la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos, y la debilidad se transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo. Sólo un proyecto político superador en pos del interés público posibilitará alcanzar la emancipación social, cultural y económica.
Es imprescindible diseñar una novedosa arquitectura constitucional que comprenda derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, para el “buen vivir” del pueblo; y las indispensables normas de política económica constitucional para concluir con el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia efectiva de esos derechos. Abrir el debate para lograr que una futura Asamblea Popular Constituyente instituya oportunamente la nueva Constitución. Con la creatividad popular se podrán pensar y delinear nuevos caminos para la vigencia plena de los derechos humanos básicos en nuestra realidad contemporánea. La experiencia histórica nacional y el derecho constitucional comparado, en especial novedosas constituciones de países que impulsan avanzados marcos constitucionales en pos del progreso social para sus pueblos no puede ser obviada.
Pero cabe remarcar que para lograr tan alto objetivo y modificar la Constitución real que llevó al subdesarrollo y la injusticia, es prioritario construir el motor del proceso social que lo lleve a cabo, la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita concluir con todas las políticas económicas que se ejecutaron y apartar definitivamente a todos los sujetos que las facilitaron. De esa forma se podrá defender la riqueza nacional e impedir su fuga, erradicar el endeudamiento exterior, aumentar la capacidad de ahorro nacional, recuperar e intensificar la explotación de los recursos naturales y biogenéticos, de los servicios públicos, el desarrollo científico-tecnológico e impulsar el proceso de industrialización, el acceso a la tierra a quienes desean trabajar en el campo, expandir el mercado interno, y con una mayor participación de los trabajadores en la renta nacional poner en vigor leyes y servicios sociales indispensables para la protección de los valores humanos.
10. Un nuevo diseño arquitectónico tiene que desarrollar una original metodología para la parte dogmática y en diversos títulos se deben delinear los puntos que hacen a los principios fundamentales de la Nación, la presencia de un Estado activo, el régimen económico, los derechos, deberes y garantías básicas, ya sea individuales, políticos o sociales, y la educación y la cultura. Instituir un apoyo diferenciado para las Pymes. Se deberá prescribir que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, promoviendo la participación ciudadana; y establecer que los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. La integración con los pueblos hermanos de la Patria Grande, será un principio fundamental para fortalecer los procesos de unidad y progreso social. Se deberá normar lo referente a la propiedad y protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, acorde a nuestra necesidad de desarrollo socioeconómico y el necesario cuidado sobre el impacto ambiental. Los recursos y riquezas naturales que se encuentran en el territorio argentino y en el mar territorial de nuestro país, son titularidad exclusiva del Pueblo de la Nación Argentina. Incorporar normas para preservar y asegurar la supremacía de la Constitución. La causa de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur será reflejada desde el nuevo Preámbulo y en otras partes de la normativa constitucional. Será relevante la participación del pueblo en el sostén de la Constitución. Se ha de precisar en el Proyecto la importancia de la Investigación y Desarrollo, y el conocimiento como vía principal en el mundo contemporáneo para hacer efectiva la soberanía nacional. He incorporar como novel recurso o instrumento a los principios de la Inteligencia Artificial
En lo que concierne a la parte orgánica del texto constitucional, ha de merecer una revisión atinada la organización y funcionamiento de los distintos poderes del Estado, cuáles son sus atribuciones, cómo se distribuyen sus funciones y cuáles serán sus relaciones. Estamos persuadidos que las normas constitucionales deberán codificar un nuevo criterio de técnica política arquitectónica sobre los poderes gubernativos y los medios más idóneos para poder lograr el verdadero fin de la Constitución, esto es la justicia social o bien común. Es de relevancia la forma de designar a los gobernantes, la participación del pueblo en defensa de sus intereses y el desempeño de los organismos de control. Se tendrá que democratizar el poder judicial, y alcanzar la transformación de los sistemas y prácticas judiciales. Es imprescindible incorporar normas para hacer efectiva la soberanía jurídica y recuperar la facultad jurisdiccional de la Nación, en trascendentes temas que no deberían dilucidarse ante tribunales o árbitros foráneos. El tema del endeudamiento exterior deberá estar contemplado con precisión respecto a las necesidades o urgencias que se invoquen para su realización, y asimismo el control posterior y la participación protagónica del pueblo en cuanto a su conocimiento y celebración. También se deberán diseñar los principios normativos para la protección de la soberanía legislativa, que se encuentra encorsetada por los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI) y la telaraña de sus cláusulas, que inciden sobre funciones esenciales y propias de un Estado soberano; y por tanto, también ello debe ser prescripto claramente en un nuevo texto constitucional. En cuanto a la estructura del Estado nacional, será menester diseñar preceptos acerca de un nuevo federalismo, así esa importante institución coadyuvará a concretar un desarrollo equilibrado y armónico.
Pero, por supuesto, no hemos de creer que en abstracto o dogmáticamente, a través de la sola reforma o cambio de la Constitución escrita o jurídico-formal se conseguirá remediar los problemas que padece nuestro país. Insistimos, que es imprescindible concretar la necesaria y vigorosa alternativa de un poder político que dé impulso sostenido a una definitiva modificación de las estructuras reales del poder, que -según afirma la conocida tesis de Lasalle- son la base efectiva que otorga perdurabilidad a la Constitución real que soporta el país, con dependencia económica e injusticia social. Ello es la verdadera valla que no puede superar todavía una nueva Constitución jurídico-formal con el sentido indicado.
No nos debe preocupar que cuando se traten estos grandes temas se generen “agudas controversias” o se llegue a “crear tensiones en la sociedad”. Toda Constitución que sostenga cambios de estructuras en dirección al progreso de la justicia, entrará ineludiblemente en conflicto con los beneficiarios de los privilegios que esa nueva Constitución suprime. Más concretamente, siempre una Constitución hecha con el propósito de redimir al país y afianzar el progreso social habrá de confrontar con quienes pretenden evitar que ello ocurra. Por el contrario, una nueva Constitución que no entrara en conflicto con los intereses internos y externos afectados por dicha alternativa no sería para emancipar al pueblo argentino, sino para reforzar la dependencia.
Ciertamente, como proponemos hace tiempo, para expresar de la manera más clara y fundada la determinación que se ajuste mejor al interés de la República y al bienestar de su pueblo, dicho debate tiene que ser anterior al tratamiento en el Congreso Nacional. Una Nueva Constitución, no una simple reforma, una Constitución con derechos que no puedan ser postergados por mayorías simples. Y establecer los medios o instrumentos necesarios para hacer efectivo su goce. Por eso impulsamos la apertura de un proceso de movilización popular que desemboque en una propuesta que recoja los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo. Desde los municipios, sindicatos, universidades, y con la participación de movimientos sociales y partidos políticos. Con las organizaciones barriales, las universidades, los centros de investigación estudiantiles, de la pequeña y mediana empresa. Y organizaciones de mujeres, de jóvenes, de jubilados. Recurramos a los medios de comunicación, especialmente los no manejados por las grandes corporaciones.
Por tanto, hacia el imprescindible logro de un proceso constituyente con estos altos objetivos de alcanzar la Justicia Social, o el “buen vivir” de las poblaciones de nuestro país, hemos de insistir sobre la necesidad de incrementar la participación popular mediante Asambleas de base, con propuestas temáticas concretas. Participación y poder popular para enfrentar al poder económico, mediático y el judicial proclive al statu quo. En la senda hacia una nueva etapa en la Argentina y lograr una nueva Constitución es imprescindible remarcar y sostener las competencias propias de la Asamblea Popular Constituyente y su prevalencia sobre los poderes constituidos para definir el rol del Estado, dictar la Constitución y sancionar las leyes de materia constitucional que fueren necesarias para llevarlo a cabo. La organización popular tiene que llevarnos al Proyecto Nacional, Popular, Democrático, Integrado y Federal, y la nueva Constitución será el futuro del Proyecto. Dicho texto nacerá de las filas del Pueblo.
Finalmente, no podemos dejar de remarcar que los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación, lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su comunidad. Pero, para su debida ejecución no alcanza con la inteligencia, compromisos y conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y social que comprenda a todos los sectores populares. Por una nueva Constitución Emancipadora para el País de los Argentinos! Para lo cual sin dudar será indispensable la unidad y organización de los sectores nacionales y populares. Su indestructible alianza será el camino seguro para lograr tan alto objetivo.