(*) Por Claudio Vizia
Introducción: el ambientalismo de Perón como actualización doctrinaria
El propósito de este trabajo es destacar la importancia estratégica de la Constitución de 1949, como uno de los documentos fundamentales en la configuración y evolución de la concepción ecológica del General Perón. Esta concepción se concretó en textos, políticas y hechos trascendentes para la historia del ambientalismo argentino, y en sintonía con los desarrollos científicos y las perspectivas políticas de los pueblos en vías de desarrollo y las naciones con metas históricas definidas de desarrollo nacional, contemporáneos a su vida política. Sabemos que en la doctrina peronista si bien cabe diferenciar entre ideas, conceptos, textos, normas jurídicas, políticas y hechos, todos ellos forman una unidad, al ser concebidos y comprendidos como actos de conducción. Esta unidad en lo que hace a lo ecológico es lo que denominamos el Ambientalismo del General Perón.
Para cumplir con dicho propósito, deberemos exponer ante todo en qué consiste a nuestro entender lo que llamamos Ambientalismo de Perón, y a exponer brevemente su desarrollo histórico, en las distintas etapas de su trayectoria política. Luego de ello, pasaremos a considerar los aspectos de la Constitución de 1949 que se refieren a este tema. En este punto queremos realizar una precisión inicial: las condiciones históricas del proceso revolucionario que precedieron a esta Constitución, la determinan como un punto nodal, precedido de las decisiones gubernamentales que establecieron los derechos sociales de los ciudadanos, a la vez que concretaron las decisiones fundamentales relativas a la independencia económica y proyección internacional de la Argentina, constituyendo a su vez el basamento jurídico para la continuación de las metas definidas por el primer Plan Quinquenal 1957/1951. Esto hace que las referencias a dicho plan resulten un complemento necesario para comprender su trascendencia. Y finalmente, para destacar comparativamente su relevancia, confrontaremos el análisis de la constitución las disposiciones de la Constituciones Nacionales vigente de 1994, incluyendo además el proyecto de Constitución Justicialista de 1974, que si bien no llegó a sancionarse, constituye un antecedente ineludible para los justicialistas, en tanto proyección del conductor para su última etapa de gobierno. Por último, daremos lugar a las conclusiones, situando a la Constitución de 1949 en el marco del Ambientalismo del General Perón.
Por Ambientalismo del General Perón entendemos la formulación conceptual de sus conceptos ecológicos en la etapa de su madurez, entre los últimos años de la década iniciada en 1960 y su muerte, en diversos textos, documentos, reportajes y archivos fílmicos, destacándose por su formulación extensa y sistematizada en dos documentos: el Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo de febrero de 1972, y el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de mayo de 1974; así como la incorporación en la planificación del proyecto de gobierno y la concreción en políticas y actos de gobierno centralizados, mediante la creación en 1973 de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Sin embargo, el desarrollo de este concepto sería a nuestro entender incompleto si nos limitáramos a su formulación dogmática en esta etapa, sin intentar retrotraernos a los períodos anteriores de su trayectoria política, para tratar de entender la génesis de estas ideas y reconstruir su evolución. Cabe aquí puntualizar que el concepto de evolución ocupa un lugar destacado en la filosofía política del líder.
En nuestro intento por reconstruir la evolución del pensamiento del General en esta materia, nos será de gran ayuda el concepto de actualización doctrinaria , para entender que el ambientalismo de Perón llegó a ocupar un lugar destacado en la actualización de la doctrina en la última etapa de su vida -y lamentablemente ocupa un lugar marginal en la actualidad, siendo desconocido o ignorado por la mayoría de los peronistas.
Los Principios del Justicialismo, Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social constituyen lo inamovible de la doctrina, hacen a la identidad del peronismo y se refieren a valores trascendentes a través de la historia. Mientras que la doctrina responde a la ejecución de los principios en la praxis política, respondiendo a las condiciones cambiantes del mundo en las que tienen que realizarse. El concepto que da cuenta de este carácter dinámico de la doctrina es el de actualización doctrinaria. Este concepto nos será, esperamos, de particular utilidad para entender la génesis de las ideas del general Perón que dieron como producto la formulación en su madurez de sus conceptos ecológicos, concretados en la planificación y en la obra de gobierno.
La exposición y el desarrollo del concepto
En cuanto a las nociones ecológicas, entendemos que son el producto evolutivo de ideas centrales de carácter filosófico humanista y cristiano, como de estrategia política en el período clásico en torno al concepto de soberanía y transformación industrial de los recursos naturales, en tanto que su carácter ecuménico en el último período responde a la actualización doctrinaria –también evolutiva- que marca la transición del nacionalismo inicial, al continentalismo y universalismo.
Mientras que los proyectos y políticas específicamente ambientales del último período de gobierno –que incluye la creación del área de gobierno especialmente dedicada a la materia- son también la maduración evolutiva de determinadas políticas y obras que orientadas tanto a la defensa estratégica de los recursos naturales, como a la preservación de la calidad de vida en los ambientes tanto urbanos como rurales, ya tempranamente materializadas a partir de 1946, primer año de su gobierno.
En lo que respecta a la incorporación de la dimensión ecológica como uno de los aspectos centrales de la formulación política del período de madurez, entendemos que responde también al resultado de un proceso de actualización doctrinaria donde, a los tradicionales ejes centrales social, político y económico –que corresponden a las tres banderas que definen el núcleo de la doctrina e identidad justicialistas: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social se incorporan en el último período los ejes centrales Cultural, Científico-tecnológico y Ecológico, siendo este último el más novedoso, dado que tanto el tópico cultural como el científico-tecnológico merecieron, en el período clásico, una dedicación pormenorizada en varios discursos, en escritos específicos y en la creación de organismos de gobierno para la promoción e implementación de políticas públicas.
La concreción del concepto en la planificación y en la obra de gobierno
Desde los primeros documentos del justicialismo, los ejes centrales de los proyectos, de las resoluciones y de los fines propuestos en cada instancia están constituidos por los ámbitos y aspectos definidos por los principios: Político, Económico y Social. Sin embargo, otros ejes que se refieren a distintos universos de la realidad fueron surgiendo en diversas momentos cruciales donde se han elaborado documentos estratégicos, respondiendo a asuntos cuyo desarrollo se consideró relevante en cada momento. Así podemos enumerar, entre otros, lo Cultural, lo Científico-Tecnológico, lo Institucional, etcétera. Lo Ambiental corresponde a este universo de temáticas doctrinarias centrales en los últimos años de vida de Perón.
Si comparamos los grandes documentos filosóficos y estratégicos producidos por el justicialismo en su historia, tales como –y la enumeración no es exhaustiva- La Comunidad Organizada, el Primer Plan Quinquenal, la Constitución Nacional de 1949 y el Segundo Plan Quinquenal, que pertenecen al llamado período clásico que abarca los dos primeros gobiernos justicialistas, por un lado; con el Plan Trienal, el Modelo Argentino y documentos que son previos al retorno del exilio del líder y que constituyen el último período -que podemos caracterizar como período de la Actualización Doctrinaria- por el otro, podemos encontrar que tanto lo Cultural, como lo Científico-Tecnológico y lo institucional están presentes en el primer período como en el segundo. ¿Qué es, entonces, lo que caracteriza al último período de la conducción de Perón, en cuanto a la definición de ejes centrales de desarrollo de la doctrina?: la dimensión ambiental.
Un análisis retroactivo: el concepto de Soberanía de Recursos Naturales y algunas realizaciones
La Constitución Justicialista de 1949. Conceptos ambientales
Dos frases del Preámbulo y un puñado de artículos del Capítulo III Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, imprimen en esta Constitución el sello de la revolución justicialista, consagrando como derechos constitucionales a les leyes propuestas por el Poder Ejecutivo y sancionadas previamente por el Congreso Nacional, que posibilitaron el logro de condiciones básicas de dignidad para pueblo trabajador, y poniendo a disposición del Estado los recursos para consolidar las transformaciones en el futuro, marcando la transición del Estado liberal al Estado justicialista, afirmando el propósito de continuar en la senda trazada hacia los objetivos de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, con independencia de quienes cumplieran en lo sucesivo los mandatos presidenciales.
A los objetos de la Constitución el Preámbulo agrega promover la cultura nacional, reafirmando la identidad nacional y apuntando al cambio cultural que Perón consideraba la única garantía futura del triunfo de la causa. Y a continuación: (…) “ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana” (…) Los tres principios que identifican al justicialismo, y que se proponen como destino del pueblo argentino quedan inscriptos en el comienzo mismo del texto, para que el pueblo los recuerde en forma permanente y el mundo lo sepa.
No es necesario enumerar aquí los derechos reconocidos por Capítulo III, es suficiente remitir al texto. Sí creemos válido puntualizar que una concepción humanista debe reconocer al hombre en su capacidad creadora y en su responsabilidad con el cuidado de los seres vivientes y los recursos naturales como elemento esencial del ambiente, y promover condiciones materiales y morales dignas de existencia. Y dicho esto en franca crítica a ciertas posturas ecologistas que identifican al antropocentrismo como la concepción filosófica responsable de la crisis ecológica actual, mientras que estamos convencidos que dicha causa no es de naturaleza sólo filosófica, sino además de índole política, social y económica, y es a su vez consecuencia inevitable de la lógica y del desarrollo desigual del capitalismo, que en polo concentra el uso irracional de materias primas y energía con externalidades de contaminación, agotamiento de recursos naturales y extinción de especies por un lado, y de extrema pobreza y condiciones de escasez y ambientes degradantes en otro. De esta crisis no pudieron sustraerse, pese a sus objetivos sociales de igualdad, los regímenes comunistas porque llegaron a constituir, salvo una honrosa y latinoamericana excepción, experiencias fracasadas de capitalismo estatal, donde el pueblo fue oprimido por una burocracia partidocrática en lugar de la burguesía. Consecuentemente, hay que reconocer que el peronismo ha realizado inicialmente una tarea de reparación histórica de la condición de los trabajadores y ése ha sido no el único sino el más trascendente hecho ambiental de su primera etapa, cumpliendo en acto con el principio de Justicia Social.
Destacamos además, en el título IV. De la educación y la cultura, el apartado 7, que incluye a las riquezas artísticas e históricas y al paisaje natural, cualquiera sea su propietario como partes del patrimonio cultural de la Nación, estableciendo la tutela estatal y el poder de expropiación, y prohibiendo su posible exportación.
Si en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad, educación y cultura se agotaran los cambios introducidos por esta nueva Constitución no pasarían de ser, creemos, reformas inspiradas en una concepción del Estado de bienestar compatibles con una democracia liberal o, en términos de la doctrina, realizaciones importantes pero parciales del principio de Justicia Social. Pero El Capítulo V, la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica establece para la Nación y el pueblo argentinos en apenas algo más de una página y tres artículos los derechos que fundamentaron la revolución justicialista.
El art. 38 define la función social de la propiedad, no asimilable a la lógica del beneficio y la ganancia que identifica al capitalismo. Declara además como incumbencia del Estado la distribución del campo en beneficio de la comunidad, y la función de procurar a cada familia agricultora la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra cultivada, sentando las bases de una reforma agraria, lamentablemente no cumplida. Define además la necesidad en estos casos de sancionar una ley de expropiación por declaración de utilidad pública con la obligatoriedad de indemnización, aboliendo la confiscación de bienes.
Complementariamente, el art. 39 declara al capital al servicio de la economía (invirtiendo la lógica capitalista) y orientado hacia el bienestar social.
A continuación, el art. 40 que constituye lo esencial de la reforma constitucional, establece la potestad del Estado en la intervención de la economía y con facultades de constituir el monopolio de determinadas actividades, fijando a su cargo la importación y la exportación de bienes, como ya se había realizado a partir de la creación del IAPI, y los servicios públicos. Y finalmente, determina la propiedad estatal de los recursos naturales esenciales: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.” Imposible no destacar una vez más la trascendencia de este artículo, que fue según testimoniaron los grandes protagonistas de esa circunstancia histórica, el motivo de numerosas presiones ejercidas por grupos empresarios y diplomáticos de EEUU y varios países europeos.
Podemos concluir este apartado afirmando que la filosofía política justicialista, puesta en acto cabalmente en la Constitución de 1949, concibe al hombre como el destinatario de los beneficios de la actividad económica, social y cultural, disponiendo de la propiedad estatal de los servicios que constituyen la infraestructura material para facilitar las condiciones de bienestar social, y sobre las fuentes de energía para garantizar una efectiva soberanía nacional en beneficio de la sociedad. Constituye además la concreción en el más alto nivel jurídico del postulado de la Tercera Posición, logrando en lo filosófico el equilibrio entre las necesidades de autoridad y libertad, básicas de la vida social, y en lo político valorando lo mejor del capitalismo –la libertad individual, el derecho a la propiedad y la iniciativa privada- y del comunismo –promover el bienestar de la población- pero garantizando la lucha contra los vicios de estos sistemas sociopolíticos: la explotación y la miseria en el primer caso, la primacía de la mercancía y la ganancia sobre la humanidad y la naturaleza; la opresión popular, le represión a la disidencia política y cultural y la imposibilidad de participación pública en el segundo.
Una ilegítima, irrepresentativa y minoritaria Asamblea Constituyente convocada por el dictador Aramburu, siendo una atribución irrenunciable del Congreso Nacional, convalidó el infame bando que derogaba la Constitución Nacional de 1949, restituyendo la vigencia de la Constitución liberal de 1853 con sus reformas de 1859, 1866 y 1898 y arrasando de esta manera en la letra, como había realizado antes en los hechos, con los derechos adquiridos por el pueblo argentino. Ésta restitución sin embargo constituyó uno de los actos de mayor cinismo e hipocresía dado que la sangrienta dictadura se encargó, como el acto mismo de convocatoria lo demuestra, de violar sistemáticamente la misma Constitución que invocaba mediante la puesta en comisión de jueces y la designación arbitraria de quienes los sucedieron, el asesinato, el encarcelamiento y la persecución arbitraria de docentes y representantes gremiales y de toda persona que se identificara públicamente como justicialista .
Los avances previstos en el Proyecto de Constitución Justicialista de 1974
A la referida irregularidad del régimen constitucional imperante como consecuencia de la derogación ilegítima de la Constitución de 1949, se agregaría la enmienda introducida por el dictador Lanusse para garantizar la proscripción electoral de Perón. La consecuencia era una situación de inestabilidad constitucional que el gobierno popular se propuso solucionar. Se sumaba a esta condición, la necesaria adecuación a los nuevos tiempos de la Constitución Justicialista de 1949.
En el citado texto, el autor escribe: “El mismo equipo que acompañó al General Perón en la redacción del Modelo -Argentino, nuestro agregado- elaboró un documento redactado por Alfredo Carella, que fue publicado como apéndice en la obra “Perón la unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción” de Carlos A. Fernández a modo de contexto que explica las circunstancias de su elaboración.
La Constitución de 1949 inspiró en gran parte el texto del citado borrador. Así, una nota al final del artículo de Fernández Pardo y Frenkel, también incluído en la compilación de Di Giacinti precisa:
En los Fundamentos, el documento redactado por Carella establece que el gobierno nacional promoverá un reordenamiento urbano tendiendo a la desconcentración de los grandes núcleos urbanos que atentan contra el federalismo, basándose en los puntos de vista político, social, económico y ecológico. Sobre este último sostiene: (…) es también imposible adoptar medidas tendientes a preservar la salud física y mental de la población a través de una planificación integral.” Aquí se puede apreciar la vigencia del concepto de insectificación de la vida en las grandes urbes, expuesto en La Comunidad Organizada de 1949.
A continuación, el título Preservación del medio ambiente en el aprovechamiento de los recursos naturales prevé la participación equitativa de las provincias en el marco de una utilización racional y óptima, asumiendo el Estado su protección contra las causas naturales y humanas en el ámbito de su soberanía. Considera degradación al derroche, anticipando el concepto moderno de consumo sustentable. Además incluye como contaminación a la excesiva liberación de calor en la atmósfera, concepto de gran actualidad en el manejo del cambio climático, previendo además la educación ambiental abarcando a colectividades, empresas, casas de estudio y medios de comunicación.
El Fundamento de este título retoma las grandes ideas expuestas en la Carta a los pueblos y gobiernos del mundo de 1972: El hombre no es propietario sino mero detentador del hábitat; el mundo es víctima de la sociedad de consumo posibilitada por la ciencia en una concepción basada únicamente en el progreso; por falta de planificación se ha tomado conciencia del mal cuando está muy avanzado, requiriendo mayores esfuerzos; ningún hombre puede desarrollarse sino en el marco de una comunidad realizada (otro concepto central de La Comunidad Organizada) requiriendo para ello el cuidado del entorno de su actividad; el necesario cambio de estilo de vida con la restauración de la naturaleza como una de las metas. Finalmente, el aserto de que el ciclo bioecológico no puede reemplazarse por ningún descubrimiento científico, la responsabilidad intergeneracional, concepto también de gran actualidad en el ambientalismo, y finalmente la responsabilidad de todas las naciones por sobre todas las diferencias ideológicas, que expresa un pilar de la actualización doctrinaria: el universalismo.
Comparación con la Constitución de 1994
En lo medular de la Constitución de 1949 se produce un gran retroceso al federalizar la propiedad de los recursos estatales incluidos en el comentado art. 40. De esta forma, y una vez consumada la privatización de los servicios públicos y los recursos energéticos y consolidado el manejo de la banca y el comercio exterior por las corporaciones monopólicas, los estados provinciales quedan a merced de las presiones y sus funcionarios más expuestos a las posibilidades de soborno y extorsión por parte de las empresas interesadas en la apropiación de los recursos de nuestro subsuelo, como efectivamente aconteció. Con esta parte de la reforma se terminó de liquidar, paradójicamente bajo el mandato de un presidente elegido bajo una fórmula justicialista, con las conquistas históricas del peronismo en lo que hace a recursos naturales, como sucedió en otros ámbitos de la realidad socioeconómica.
Conclusión: la Constitución de 1949, antecedente del Ambientalismo de Perón
El cuadro que sigue expone en los dos momentos históricos una correspondencia textual que señala lo esencial pero por supuesto no es exclusiva, donde las flechas indican la influencia de un texto sobre otro / otros:
Período Clásico |
| La Comunidad Organizada (1949) → Primer Plan Quinquenal (1946) → Constitución Justicialista (1949) |
| ↓ ↓ |
| Carta a los gobiernos y |
| Pueblos del mundo (1972) |
| → Plan Trienal (1973) → Proyecto Constitución Justicialista (1974) |
| Modelo Argentino (1974)Período de Madurez |
Algunos desfasajes en las fechas pueden explicarse. Así, la Comunidad Organizada, si bien fue expuesta magistralmente en el Congreso Internacional de Filosofía de Mendoza de 1949, su formulación doctrinaria data de varios años antes (ver nota 10 en página anterior). Por otro lado, el Modelo argentino, presentado el 1º de mayo de 1974 ante el Congreso de la Nación, tuvo una elaboración previa al proyecto constitucional, a cargo del mismo equipo coordinado por el Dr. Alfredo Carella.
⃰ Antropólogo. Coordinador del proyecto Recuperación del patrimonio arqueológico e histórico de la batalla de Pavón en La Vanguardia, Santa Fe.